AI subraya que «en muchos casos» de tortura y malos tratos «quedan impunes y no son motivo de investigaciones sistemáticas e independientes». Precisamente, la impunidad aparecerá especialmente recalcada en el informe hecho público en noviembre de este año, “Sal en la Herida”, y que, refiriéndose exclusivamente al estado español recoge casos en que es paradigmática la deficiente investigación judicial, la falta de adopción de medidas disciplinarias o se han emitido indultos gubernamentales a los torturadores.

En concreto, recoge dos casos en los que Behatokia ha sido especialmente activo: en el de Joxe Arregi, muerto bajo tortura el 13 de febrero de 1981, fueron 73 los policías implicados, de los cuales cinco fueron inicialmente detenidos, pero debido a la fuerte presión que ejercieron sus superiores, realizando para ello un plante, tan sólo dos fueron juzgados y al final condenados. Amnistía Internacional menciona los ascensos en el cargo de uno de ellos, Gil Rubiales, pero no es sólo él sino los cinco quienes han ocupado u ocupan altos cargos. Por ejemplo, el otro condenado, Julián Marín, es también comisario principal y está destinado como Agregado de Interior en la embajada de Quito, en Ecuador. Los otros tres policías inicialmente encausados fueron también rápidamente promocionados.

En cuanto al segundo caso mencionado en el informe de AI, el de Kepa Urra, dos de los condenados, que fueron indultados en 1999 después de ser recibidos por Aznar en la Moncloa, ocupaban ya entonces puestos de importancia estratégica: Manuel Sánchez Corbí, que ascendió a capitán en pleno curso del proceso por torturas, y una vez indultado fue nombrado de inmediato comandante, era el responsable de la coordinación con Francia en la lucha antiterrorista, y José María de las Cuevas Carretero estaba destinado en la Unidad de Servicios Especiales de la Guardia Civil. Carretero recibió como representante de la Policía Judicial a los miembros del CPT del Consejo de Europa que realizaron una visita a España en 2001. Las autoridades eligieron precisamente a un torturador condenado e indultado para recibir a un prestigioso organismo para la prevención de la tortura. Ese absoluto desprecio lo han vuelto a demostrar al incumplir de modo flagrante la resolución del Comité contra la Tortura de la ONU en referencia a Kepa Urra, que instó al Estado español a «velar por que en la práctica se impongan penas adecuadas a los autores de actos de tortura, y asegurar al autor una reparación completa». Ninguna acción exigida por el Comité para que se repare a la víctima de la tortura ha sido puesta en marcha por parte del Estado español.

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:: Gorka Lupiañez torturado

El joven de Durango Gorka Lupiañez fue detenido por la Guardia Civil el seis de enero en un control de la Guardia Civil en Berriz, cuando se desplazaba a pie. Tras ser conducido al cuartel de La Salve bajo régimen de incomunicación. Lupiañez se encontraba en libertad provisional y estaba previsto que fuera juzgado en enero bajo la acusación de participar en varios actos de sabotaje, motivo por el que había sido detenido ya en dos ocasiones. En ambos casos denunció haber padecido torturas.

La incomunicación se mantuvo por un período de cinco días bajo custodia del instituto armado y siete días más después de ser ingresado en prisión, en aplicación de la reforma de 2003 por la que –en contra de las recomendaciones internacionales- se amplia la extensión del periodo de incomunicación. El joven hizo un relato escalofriante del trato recibido, especificando que comenzaron los golpes nada más ser detenido “sobre todo en los testículos”, y que una vez fue trasladado a Madrid le fue aplicada me aplicaron la "bolsa" durante más de 50 veces al día. También relató que fue obligado a hacer "miles de flexiones", en dos ocasiones le hicieron "la bañera" y que fue violado en una ocasión con un palo. Relató que un Guardia Civil “me ató los testículos y el pene con una cuerda, y se puso a estirar. También me estiraba con la mano. En un momento empecé a sangrar del pene”. El testimonio integro se puede encontrar en www.behatokia.info

Las presuntas medidas de prevención que en otros casos han podido tener cierta capacidad disuasoria han mostrado su ineficacia absoluta, precisamente porque su petición es voluntaria, aleatoria y anecdótica. El régimen de incomunicación recientemente reformado para ser más extenso, y con ello más efectivo, muestra todas sus virtualidades. Tampoco ha sido eficaz la denuncia pública por el silencio de los partidos políticos, los creadores de opinión o los grandes media. La tortura se mantiene sistemática y sus testimonios, ocultos por el silencio cómplice.

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:: Presos enfermos: Gotzone López de Luzuriaga

Son nueve los presos vascos que padecen enfermedades graves e incurables y que se encuentran objetivamente en disposición de ser excarcelados al cumplir las condiciones impuestas para ello en el artículo 92 del Código Penal.

López de Luzuriaga que ha cumplido ya 18 años fue diagnosticada de Carcinoma Ductal Infiltrante de Mama -cáncer de mama- a principios de este año. El 21 de junio de 2007 fue intervenida quirúrgicamente tras lo que el servicio de oncología del Hospital de Jaen que la trata prescribió tratamiento de Radioterapia locorregional. Desde el comienzo, las dificultadas para llevar a cabo este tratamiento están siendo una constante: condiciones inhumanas de traslado, retrasos e inasistencias a las sesiones programadas…

A esta situación habría que añadir que López de Luzuriaga se encuentra en prisión a 700 kilómetros de su lugar de origen, lo cual dificulta la asistencia por médicos de su confianza. La propia dirección de la prisión de Jaén abrió un expediente con la confirmación del diagnóstico de cáncer de mama y planteó su excarcelación por motivos de salud.

Sin embargo, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, encargado de conocer del estado de la presa vasca y de su posible excarcelación hizo público un auto el pasado día 16 de Noviembre. Su titular, el juez José Luis Castro, admitió la gravedad de la enfermedad pero denegó su puesta en libertad por considerar que la prisión no le perjudica, en contra el criterio de los médicos. En efecto, los dos diagnósticos médicos en manos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria -uno aportado por la doctora de confianza de la presa Dra. Mati Iturralde y otro por el subdirector médico de la cárcel de Jaén- establecen que Gotzone López de Luzuriaga debe ser excarcelada para poder recibir un tratamiento adecuado al cáncer de mama que se le diagnosticó en junio.

El Juzgado se justifica para ello en la “imposibilidad de garantizar mínimamente un pronóstico siquiera dudoso sobre `su dificultad para delinquir y escasa peligrosidad del sujeto'». Además de estas razones de reincidencia, improbable en el estado en que se encuentra López de Luzuriaga, el juez considera que “no ha demostrado arrepentimiento ni voluntad de pedir perdón a las víctimas”. Estos dos argumentos son absolutamente ajenos al procedimiento instituido por el artículo 92, referido exclusivamente a cuestiones médicas. El último argumento que utilizó el juez, este sí, haciendo referencia a su estado clínico, el magistrado se refería a que “no consta que la estancia en la cárcel incida negativamente en su evolución”.

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:: Sumario 18/98: Cientos de años por actividades mercantiles, sociales, políticas, culturales

La Audiencia Nacional hizo pública, por fin y tras la filtración en prensa de gran parte de su contenido, la sentencia en el Sumario 18/98, comunicada el 19 de diciembre del 2007. En virtud de ella han sido declaradas ilegales y disueltas varias empresas mercantiles, los medios de comunicación Egin y Egin Irratia, y la organización política Ekin, la asociación Europea Xaki para la solidaridad internacional y la Fundación de fomento del movimiento asociativo vasco Joxemi Zumalabe. Además, se condena a 47 personas, por su condición de miembros de las mencionadas empresas o asociaciones, a penas que suman en total 525 años de prisión, como integrantes, dirigentes o colaboradores de la banda terrorista ETA.

La sentencia, además de presentar párrafos enteros de informes policiales, está plagada de apriorismos, prejuicios, de interpretaciones retorcidas e interesadas para justificar la conclusión de que, como Garzón afirmó en la instrucción, “todo es ETA”: «ni KAS, ni Ekin, ni Xaki, constituyen una organización armada; éstas carecen de armas, pues su utilización no constituía su cometido, sino el del brazo armado de ETA, pero dichas estructuras participan de lleno en la unidad organizativa y estructural de la organización terrorista ETA». Asímismo, sobre los procesados en relación a las empresas del grupo Orain, editoras de Egin y Egin Irratia han caído las penas más altas, el tribunal intenta justificar su decisión ligando las actividades dirigidas a editar un periódico, y las destinadas a eludir la asfixia económica a la que estaba siendo sometido, con una supuesta dependencia de ETA. Y la ponente de la sentencia, Ángela Murillo afirma para ello que ni siquiera le hacían falta pruebas para sustentar esa acusación: “basta con saber leer”.

Como observadores internacionales ya han hecho público, esta sentencia “significa la normalización de una cultura jurídica de emergencia o excepcionalidad, en la cual se establecen responsabilidades penales difusas y colectivas, absolutamente incompatibles con un sistema democrático”. Así, para ellos la sentencia “se enmarca en una estrategia, más global y de larga duración, de criminalización del ejercicio del derecho de opinión, reunión, manifestación, entre de otras, de un sector importante de la sociedad vasca”.

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:: Encarcelamiento de la mesa nacional de Batasuna: ¿derechos políticos?

Con la detención de Juan Mari Olano tras una manifestación brutalmente atacada por la brigada móvil de la Policía Autonómica Vasca el 9 de septiembre y que causó docenas de heridos en una jornada festiva se dio el pistoletazo de salida definitivo a esta nueva dinámica. La acusación no se basaba en los incidentes, ni en la supuesta ilegalidad de la manifestación: el delito señalado por el juez Baltasar Garzón consiste en “reiteración delictiva” por la continuación de sus actividades como portavoz del organismo pro Amnistía Askatasuna. Olano estuvo junto con otros 13 miembros de esta asociación en prisión preventiva durante cuatro años sin que, a día de hoy, se haya celebrado juicio por su actividad política, sin duda molesta para el estado, pero que se reduce a la denuncia de la represión y de la impunidad. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ocupado de la investigación de estos casos olvidó prolongar la suspensión de actividades de este organismo desde febrero de 2007, por lo que hoy en día se puede considerar que esa prohibición está levantada por la propia negligencia del juez.

Unas semanas después se detuvo a Ohiana Agirre de la misma organización antirrepresiva Askatasuna y a Joseba Alvarez, responsable de internacionales de Batasuna.

Periódicos próximos al gobierno habían anunciado esta nueva estrategia. El 9 de septiembre el diario "El País", señalaba que «El Gobierno está respondiendo al reto etarra de modo `implacable', en expresión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esa decisión se traduce en que no sólo va a atacar al aparato militar de ETA, sino también a la cúpula política, que participó en el proceso de diálogo, y a sus organizaciones afines, aseguran fuente gubernamentales». El 30 del mismo mes, el periódico "Público", se refería a esta dinámica represiva contra organismos independencias subrayando que «el Gobierno espera que antes de las elecciones gran parte de sus líderes estén en prisión».

Con el ambiente caldeado y respondiendo sin empaques esa voluntad del ejecutivo, una veintena de dirigentes de la izquierda abertzale fueron detenidos el 4 de octubre por la Policía española, que desplegó un gran operativo policial y tomó por completo Segura, pequeño localidad de Gipuzkoa donde se disponían a celebrar una reunión. Otras dos personas serían detenidas con posterioridad, todas ellas en régimen de incomunicación, si bien el trato que recibieron fue correcto.

La cobertura jurídica nuevamente fue a cargo del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Según su justificación, por auto del 7 de octubre, “el entramado terrorista liderado por ETA actúa con vocación fagocitadora y depredadora de todo el espectro conocido como izquierda abertzale”, espacio que Batasuna “sin lugar a dudas ha procurado y procura instrumentalizar y aprovechar para instalarse en él“. La conclusión del argumento es – siguiendo la cita literal – “esta tendencia expansiva de Batasuna bajo los auspicios de ETA es evidente y puede producir efectos en otras organizaciones a las que eventualmente puede colonizar y respecto de las cuales podrá actuarse, en su caso, en el momento en que haya indicios bastantes para ello, pero no antes”. En conclusión, toda la izquierda abertzale es potencialmente ETA y contra ella se actuará en el futuro.

En colusión con Garzón, el Ministro de Interior, Sr. Rubalcaba declaró que «Batasuna está reorganizándose para apoyar a ETA, pura y simplemente». «Y eso es lo que el Estado no va a consentir», sentenció.

Esta operación, basada única y exclusivamente en la actividad política de los miembros de Batasuna recibió en medios de comunicación internacional el apelativo de “operación de venganza”. Con independencia de los principios procesales que se transgredan, de la legalidad o ilegalidad con que se ejecutan estas operaciones policiales, fueraparte de los presuntos “fundamentos de derecho” empleados, lo que queda es una política de persecución y de acoso a las ideas. Y aunque se sigue utilizando la policía y el sistema judicial como válvula de escape ante coyunturas políticas, esta actuación represiva no queda al margen de los ojos de observadores internacionales y de mecanismos e instrumentos de derechos humanos.

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:: Garzón envía a prisión a Marije Fullaondo

Precisamente una de las recurrentes por la ilegalización de Herritarren Zerrenda ante el Tribunal de Estrasburgo, Marije Fullaondo, fue detenida el 18 de diciembre en una operación llevada a cabo por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Cuando su abogada se puso en comunicación con la Audiencia Nacional se le negó cualquier tipo de información, alegando que las diligencias se encontraban bajo secreto. Tras tres días de detención incomunicada fue enviada a prisión bajo la acusación de "integración en organización terrorista y de reiteración delictiva". En su auto, el juez enlaza a Fullaondo con los partidos políticos EAE-ANV y EHAK, hoy legales y con representatividad en municipios vascos el primero de ellos y en el Parlamento autonómico vasco el segundo. El Magistrado afirma que "abrirá un análisis más profundo" sobre estas organizaciones. Fullaondo había participado horas antes en una entrevista en la que afirmaba que "la foto de estos últimos días nos enseña un recrudecimiento enorme del conflicto entre Euskal Herria y el Estado español y en ese contexto político se explican las acciones represivas del Estado y las de ETA". La razón del arresto, según la orden judicial, se enmarcaría dentro de la operación iniciada por la Policía española el pasado 4 de octubre en Segura en la que se detuvo a buena parte de la dirección de Batasuna.

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:: Estrasburgo admite a trámite el recurso de Batasuna por su ilegalización

A principios de Diciembre se confirmó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizará los recursos de Herri Batasuna y Batasuna, así como por Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB), las plataformas locales y Herritarren Zerrenda (HZ), contra su ilegalización en aplicación de la Ley de Partidos Políticos. Estos recursos fueron planteados por la defensa de los partidos independentistas ante el Tribunal de Estrasburgo, una vez agotada la vía judicial del sistema judicial español, por considerar que se habían vulnerado los artículos 10, relativo al derecho a la libertad de expresión y 11, referente a la libertad de reunión y de asociación, de la Convención de Roma.

La defensa del Estado español habría justificado la ilegalización alegando que los demandantes «constituían una amenaza para los derechos del hombre, la democracia y el pluralismo». Se apoyó para ello en la tesis promovida por el juez Baltasar Garzón de que «todo es ETA» interpretando que «la creación de Batasuna y de Herri Batasuna responde a la estrategia de ETA de desdoblar sus ejes de actividad».

Ante estas posiciones enfrentadas el máximo Tribunal para la salvaguarda de los Derechos Humanos resuelve que «a la luz del conjunto de los argumentos de las partes, que estas quejas plantean cuestiones serias de hecho y de Derecho que no pueden resolverse en este estadio pero que necesitan un examen a fondo».

En cuanto a la valoración de esta primera resolución, mientras las defensas muestran una “prudente satisfacción” el estado considera que no hay problema por estar «cargado de razones». En cualquier caso, viendo las estadísticas, el Tribunal de Estrasburgo sólo acepta a trámite el 1,5% de los recursos, aprobando finalmente el 80% de ellos.

Ahora se abre una nueva fase en la causa, en la que, en primer lugar, ambas partes podrán presentar, si así lo consideran pertinente, nuevas alegaciones. Proceso que resultará asimismo extenso, pero que tiene la virtualidad de restablecer los derechos políticos más básicos en Euskal Herria.

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:: ANALISIS:
Seis meses tras el fracaso del proceso de negociación.
Julen Arzuaga, Coordinador de Behatokia

Antes del verano se dio definitivamente por terminado el proceso de negociación sobre el futuro del conflicto vasco. La metodología de debate político presentaba un diseño de dos mesas, la primera entre la organización ETA y el Gobierno español en la que se enfrentaría cuestiones relativas a cuestión armada y la otra mesa, entre los partidos Batasuna, PNV y PSE para desbloquear la parte política del conflicto vasco, cuyos nudos gordianos son el reconocimiento del territorio vasco al sur de los Pirineos y su derecho a decidir su futuro con igualdad para todos los proyectos políticos.

Así, si bien parece evidente que el motivo del desacuerdo y ruptura de las negociaciones son cuestiones de orden política, discrepancia en los contenidos, las formas han tenido una gran importancia. Mientras el Estado hizo público el resultado positivo de un proceso de verificación por el cual ETA había desactivado sus expresiones de violencia, el Estado no ha desactivado ni por un minuto su accionar represivo durante las conversaciones políticas, accionar que se encuentra además en oposición a estándares básicos de derechos humanos y de libertades fundamentales a las que el estado se ha comprometido voluntariamente en un sinfín de tratados y convenios internacionales. Se ha mantenido la ilegalización de partidos políticos; se ha imposibilitando que un gran vector social pueda presentarse en las elecciones o pueda ejercer el derecho de voto; se ha sometido a suspensión de actividades a los movimientos políticos y sociales vascos y mantenido los juicios contra sus activistas públicos; la presencia de efectivos militares –ejercito y Guardia Civil- en las calles y carreteras vascas ha sido constante, en lo que constituye hoy el territorio más militarizado de Europa occidental; se ha ejercido una creciente presión contra el colectivo de presos políticos con antiguas medidas –dispersión en las cárceles de todo el territorio del estado español y francés, cumplimiento integro de las penas hasta los 40 años, imposibilidad de excarcelación para presos enfermos… - y con el diseño de otras nuevas –la conocida como doctrina Parot que niega el ejercicio del derecho a la libertad tras haber cumplido la condena o la fabricación de nuevas acusaciones como en el caso Iñaki de Juana...-; no se ha variado ni un ápice la estructura antiterrorista apuntalada por el PP con el régimen de detención incomunicada y con las competencias de la Audiencia Nacional como punta de lanza… En definitiva, y tal y como reconocía el propio PSOE, el estado nunca estuvo en tregua y tal y como denunciaron organismos vascos, hoy en el ojo del huracán, secundados por instituciones y observadores internacionales, el Estado español no quiso asumir las condiciones mínimas, unos mínimos democráticos básicos, para enfrentar un proceso de superación de todas las violencias y de resolución política del conflicto vasco.

Así, tras el verano se ha multiplicado una dinámica que ya se preveía, se ha desbocado una brutal actividad represiva, que reproducimos en este boletín. “El Estado está preparado para este combate” dice el Guerrero, antes Zapatero, y vuelve a sus antiguos castillos, para exhibir sus obsoletas armas: las políticas –la Constitución española, camisa de fuerza de la legalidad española- y las represivas –Garzón desde la Audiencia Nacional, el régimen de incomunicación, el sistema penitenciario…-. Sacando músculo.

No parecen buenos momentos para los movimientos críticos, disidentes, de oposición ante un sistema encastillado y que se maneja mejor que con argumentos verbales con los que le proporciona toda la batería de medidas represivas –ordinarias o excepcionales- de la que se ha ido dotando los últimos años. Ciertamente, dibujar una estrategia de respuesta ante la represión es una de las necesidades imperiosas de los movimientos sociales, en Euskal Herria, en el Estado español y en casi toda Europa.

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